Por Monserrat Castro Cortés, Seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región de Coquimbo
En medio del actual clima electoral, han comenzado a circular diagnósticos alarmistas sobre el estado del empleo en Chile. Se afirma que habría una supuesta crisis en el mercado laboral atribuible a las reformas impulsadas por el Gobierno, como la Ley de 40 Horas, el aumento del salario mínimo y la propuesta de reforma previsional. Estas afirmaciones, que se apoyan en una lectura parcial de las cifras, no resisten un análisis riguroso ni en su contenido ni en su lógica.
Reducir la situación del empleo a una sola cifra, como la tasa nacional de desocupación de 8,9 % registrada en el trimestre móvil marzo-mayo, lleva a interpretaciones incompletas. Porque cuando se desagregan los datos y se observa su evolución en el tiempo, lo que se revela es un proceso de recomposición del empleo hacia mayores niveles de formalidad. Solo en los últimos doce meses, el empleo formal creció en 219 mil puestos de trabajo, mientras que el informal se contrajo en 205 mil. Esta es una señal positiva: la economía no solo está creando empleo, sino que está generando empleos con protección social y previsional. Es importante decirlo con claridad: nadie debería pedirle al Estado que fomente la informalidad. Sostener que la caída del empleo informal es un problema equivale a defender trabajos sin derechos ni seguridad.
A la crítica sobre la supuesta carga que implican las reformas del gobierno en los costos laborales, también es necesario ponerle datos. Si efectivamente estas reformas estuvieran desincentivando la contratación, no estaríamos viendo una expansión sostenida del empleo formal. Los asalariados formales del sector privado aumentaron en 146 mil personas en el último año. Además, esas reformas se han diseñado con gradualidad y responsabilidad. La Ley de 40 Horas apenas ha implementado la primera de cinco horas de reducción, con un calendario que se extiende hasta 2028. La reforma previsional, en tanto, ni siquiera ha comenzado a aplicarse, y considera una implementación progresiva de nueve años, ampliable a once si la situación económica lo requiere. Incluso el alza del salario mínimo ha venido acompañada de subsidios directos para las pymes. Los hechos muestran que estas transformaciones no solo son posibles, sino también necesarias y sostenibles.
En la Región de Coquimbo, la evolución del empleo sigue una tendencia coherente con el escenario nacional. En el trimestre marzo-mayo 2025, la tasa de desocupación llegó a 8,8 %, apenas 0,6 puntos porcentuales más que el año anterior. Pero lo más relevante es que en ese mismo período se crearon 3.530 empleos formales y 1.764 informales. Dos de cada tres nuevos puestos en la región están protegidos por cotizaciones y seguridad social. Dentro de este grupo, el aumento más importante se dio en el segmento de asalariados privados, que pasó de 172.990 a 174.609 personas. En otras palabras, el ajuste del mercado laboral se está dando en favor de empleos con mayor estabilidad y protección, no a costa de la precariedad.
No desconocemos que el desempleo sigue siendo un desafío. Pero sostener que el país atraviesa una crisis laboral, ignorando el crecimiento sostenido del empleo formal, responde más a una construcción interesada del problema que a una mirada honesta de la realidad. Desde el Gobierno del Presidente Gabriel Boric hemos optado por avanzar hacia el bienestar laboral. Eso significa mejores salarios, jornadas más humanas, pensiones más dignas y una economía que no se sostenga en la informalidad. Las reformas que impulsamos no son un problema: son parte de la solución. Porque el desarrollo no se mide solo en crecimiento económico, sino en calidad de vida para las y los trabajadores y sus familias.